Más gasto, pero no necesariamente más disponibilidad
La política de defensa de la Unión Europea ha dejado de centrarse principalmente en la respuesta a crisis y concede ahora mayor importancia a la preparación, la cooperación y la coordinación estructurada. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte de que ese cambio de orientación todavía no se ha traducido en una garantía de preparación defensiva suficiente para 2030.
La cuestión central no es únicamente cuánto gastan los Estados miembros, sino qué capacidades consiguen generar con esos recursos. La defensa sigue siendo responsabilidad de los gobiernos nacionales: la UE puede financiar, coordinar y orientar prioridades, pero no sustituye a los países en la generación de fuerzas, la compra de equipos o la gestión de reservas.
Por eso, un aumento agregado de los presupuestos no asegura por sí mismo una mayor disponibilidad operativa. Para afrontar una guerra de alta intensidad son determinantes las existencias de munición y repuestos, la capacidad industrial sostenida, el personal disponible, la defensa aérea, la logística y la interoperabilidad entre fuerzas nacionales.
Fragmentación y cuellos de botella industriales
La auditoría identifica como uno de los principales problemas la fragmentación de los sistemas nacionales. La existencia de programas paralelos, requisitos distintos y decisiones de adquisición poco coordinadas puede reducir las economías de escala y dificultar el mantenimiento de los equipos.
El Tribunal también señala los cuellos de botella de la industria europea. La guerra de Ucrania ha mostrado que la capacidad de producir y reponer munición, repuestos y otros suministros puede ser tan decisiva como el número de plataformas adquiridas. La disponibilidad real depende de que las fábricas puedan mantener ritmos sostenidos durante periodos prolongados, no solo de que existan contratos o anuncios de inversión.
La información disponible cifra en casi un 80% el aumento del gasto combinado de los países de la UE entre 2020 y 2025. También sitúa los presupuestos anuales colectivos de defensa en 418.000 millones de euros en 2025, frente a los 262.000 millones de 2022. Estas cifras, por sí solas, no resuelven los problemas de ejecución, suministro o coordinación que plantea la auditoría.
El riesgo de duplicar inversiones
El incremento del gasto puede ampliar la base industrial y tecnológica europea y abrir oportunidades para desarrollar capacidades propias. Pero el Tribunal advierte de que también puede producir duplicidades, carencias en áreas críticas, dificultades de suministro y problemas para convertir los compromisos financieros en capacidades utilizables.
La ausencia de una planificación descendente eficaz y la coordinación insuficiente entre los fondos nacionales y europeos pueden favorecer inversiones fragmentadas. En ese escenario, los Estados miembros gastarían más sin cubrir necesariamente los déficits que más afectan a la preparación operativa.
La gobernanza añade otra dificultad. La política de defensa europea implica a instituciones de la UE, gobiernos nacionales y distintos mecanismos de cooperación, lo que complica la rendición de cuentas y puede provocar solapamientos de responsabilidades. Cuando las competencias están distribuidas entre varios niveles, resulta más difícil determinar quién debe corregir un retraso industrial, una carencia de capacidades o una falta de interoperabilidad.
Financiación y capacidad militar
La información disponible atribuye a la UE un recurso de 150.000 millones de euros en préstamos del programa SAFE y otro mecanismo de apoyo a Ucrania de 90.000 millones, con 60.000 millones destinados a defensa. El recurso a la financiación mediante deuda puede acelerar la inversión, pero introduce una cuestión distinta de la estrictamente militar: el dinero solo mejora la preparación si se transforma en contratos ejecutados, producción, personal y disponibilidad efectiva.
La misma información indica que todos los aliados de la OTAN pertenecientes a la UE habrían cumplido o superado en 2025 el objetivo del 2% del PIB en defensa. Incluso si ese esfuerzo presupuestario se consolida, la auditoría apunta a que el indicador financiero no basta para medir la capacidad de sostener operaciones de alta intensidad antes de 2030.
La implicación para España
Para España, el debate afecta tanto a la planificación nacional y a los compromisos con la OTAN como a las oportunidades de su industria dentro de los programas europeos. La cooperación puede facilitar el acceso a proyectos de mayor escala y reforzar determinadas capacidades industriales.
Pero la participación en programas europeos no elimina los riesgos de dependencia exterior ni las posibles duplicidades entre proyectos. La utilidad militar de esas inversiones dependerá de su integración con las fuerzas nacionales, de la disponibilidad de suministros y repuestos y de la capacidad para operar junto a otros ejércitos europeos.
El diagnóstico del Tribunal sitúa así el horizonte de 2030 en un punto intermedio: Europa está gastando más y ha cambiado sus prioridades, pero todavía debe demostrar que puede convertir ese esfuerzo en fuerzas disponibles, cadenas logísticas resistentes y capacidades interoperables. La diferencia entre comprometer fondos y estar preparada para combatir será la medida real del avance.
La información procede de una única fuente especializada y no ha podido contrastarse de forma independiente.
