Una flota que pierde disponibilidad en los astilleros
La información publicada hasta ahora sobre el informe GAO-26-109256 indica que la Armada estadounidense habría acumulado 15.400 días de retrasos de mantenimiento o espera para acceder a un astillero durante el periodo comprendido entre los años fiscales 2016 y 2025. El coste asociado a los submarinos operativos afectados se situaría en torno a los 3.400 millones de dólares.
La cifra requiere una precisión importante. La entradilla de la información disponible habla de más de 15.000 “días operativos perdidos”, mientras que el desglose atribuido al GAO distingue entre 6.494 días de retrasos en trabajos de mantenimiento de depósito y 8.906 días de espera para entrar en un astillero. El total es prácticamente coincidente, pero las tres expresiones no describen exactamente la misma métrica: un día de espera o de retraso no equivale necesariamente a un día de despliegue perdido.
Al cierre del año fiscal 2025, la Armada habría contado con 44 submarinos de ataque: 20 de la clase Los Angeles y 24 de la clase Virginia. Sobre esa base, los retrasos no representarían únicamente un problema administrativo, sino una reducción de la fuerza disponible para operaciones, adiestramiento y rotación de unidades.
Mantenimientos más largos y una red bajo presión
La duración media de los mantenimientos de depósito habría aumentado de 744 días entre 2016 y 2020 a 809 días entre 2021 y 2025. Además, solo aproximadamente el 11 % de los trabajos realizados en astilleros públicos se habría completado dentro del plazo previsto.
La red de mantenimiento nuclear estadounidense depende de los astilleros públicos de Portsmouth, Norfolk, Puget Sound y Pearl Harbor, junto con la participación de General Dynamics Electric Boat y Huntington Ingalls Industries Newport News Shipbuilding en determinadas actividades. Estas instalaciones deben atender simultáneamente reparaciones, mantenimientos periódicos, construcción de nuevos submarinos y desactivación de buques retirados.
Esa acumulación de tareas es especialmente relevante en los submarinos de propulsión nuclear. La retirada de una unidad no consiste simplemente en dejar de desplegarla: implica gestionar el combustible nuclear, el reactor, los residuos y la disposición posterior del casco conforme a procedimientos regulados. Mientras ese proceso no concluye, un submarino retirado puede seguir consumiendo espacio, personal y recursos que también necesitan las unidades operativas.
La información disponible cifra en unos 4.170 millones de dólares el gasto de la Marina en submarinos retrasados en astilleros, a la espera de mantenimiento o pendientes de desactivación durante el periodo analizado. Dentro de ese conjunto, la inactividad activa habría descendido desde un máximo de 1.518 días en 2022 hasta 166 días en 2025. En cambio, los submarinos pendientes de retirada habrían alcanzado 1.260 días de inactividad solo en 2025.
El coste de mantener unidades que ya no volverán al mar
El caso del USS Pasadena ilustra el impacto potencial de esta situación. El submarino habría quedado inactivo el 1 de enero de 2025 y tendría prevista su entrada en el Norfolk Naval Shipyard el 15 de noviembre de 2028 para su desactivación. El coste de mantenerlo durante ese periodo se estimaría en más de 300 millones de dólares.
La presión podría aumentar en los próximos años. Quince submarinos de ataque adicionales estarían previstos para entrar en una situación de inactividad pendiente de retirada entre los años fiscales 2026 y 2030. El GAO estimaría para ellos más de 14.000 días de inactividad y unos 3.100 millones de dólares de coste adicional.
La cuestión no es únicamente cuánto cuesta conservar esos buques, sino qué capacidad industrial dejan de ocupar. Cada dique, equipo especializado y trabajador cualificado dedicado a una unidad pendiente de desactivación puede no estar disponible para reparar un submarino operativo o completar la construcción de otro nuevo.
La transición de Los Angeles a Virginia añade presión
El problema coincide con una etapa de renovación de la flota. Los submarinos de la clase Virginia deben sustituir progresivamente a los de la clase Los Angeles, pero la construcción avanzaría a un ritmo aproximado de una unidad anual frente al objetivo de dos. Los dos buques entregados en 2025 habrían acumulado conjuntamente más de tres años de retraso.
Esto crea un círculo de presión industrial: los submarinos antiguos necesitan ser mantenidos o retirados, los buques en servicio requieren sus periodos de mantenimiento y los nuevos Virginia demandan capacidad de construcción, proveedores y mano de obra especializada. Si una de esas actividades se retrasa, las demás pueden verse afectadas.
Entre las alternativas examinadas estarían descargar los reactores fuera de un dique seco, emplear diques flotantes o reducir las dotaciones de algunas unidades. Sin embargo, esas opciones exigirían demostrar su seguridad, viabilidad regulatoria y rentabilidad. La información disponible indica que ese análisis todavía sería insuficiente.
El GAO habría recomendado evaluar alternativas para acelerar la desactivación de los submarinos y elaborar un plan con objetivos y plazos concretos. La Armada habría expresado verbalmente su conformidad con esas recomendaciones, aunque no habría presentado comentarios por escrito.
Una advertencia aplicable más allá de Estados Unidos
Para España, la comparación directa es limitada porque la Armada no opera submarinos de propulsión nuclear. Aun así, el caso muestra una cuestión válida para cualquier flota técnicamente compleja: el número de plataformas adquiridas no determina por sí solo la capacidad militar disponible.
La disponibilidad depende también de astilleros, personal especializado, repuestos, infraestructura y procesos de retirada capaces de absorber las necesidades de toda la flota durante su ciclo de vida. En sistemas con elevados requisitos técnicos, una fuerza numerosa sobre el papel puede ofrecer menos capacidad operativa si su cadena de mantenimiento no crece al mismo ritmo.
La información procede de una única fuente especializada y no ha podido contrastarse con el texto ni con el enlace directo al informe del GAO. Por ello, las cifras, las definiciones contables y la interpretación de la información operativa omitida en la versión pública deben considerarse no confirmadas de forma independiente.
