Una licitación orientada a tecnologías próximas al mercado
La Xunta de Galicia habría destinado 40 millones de euros a una primera Compra Pública Precomercial dentro de la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespacio (Iesda). Según la información disponible, el programa tendría como objetivo apoyar consorcios empresariales con proyectos en fases avanzadas de innovación y exigiría que la posterior industrialización se realizase en Galicia.
La adjudicación se llevaría a cabo mediante un diálogo competitivo y estaría prevista para el primer semestre de 2027. Entre las áreas consideradas figurarían la protección de infraestructuras críticas, la vigilancia del litoral, la ciberseguridad, la gestión de emergencias, las plataformas no tripuladas y los sistemas espaciales.
La misma información atribuye a la Iesda una previsión de movilizar 900 millones de euros hasta 2030. Esa cifra, al igual que los 40 millones de la primera licitación, debe entenderse por ahora como una previsión pendiente de respaldo documental en una convocatoria pública.
Qué significa una Compra Pública Precomercial
El instrumento anunciado no equivale necesariamente a la compra inmediata de sistemas operativos ni garantiza que todos los proyectos lleguen a una producción a gran escala. La Compra Pública Precomercial suele financiar fases de investigación y desarrollo próximas al mercado, con posibles etapas posteriores de prototipado, validación y contratación.
Por eso, el alcance real del programa dependerá de elementos todavía no conocidos: el reparto de riesgos entre la Administración y las empresas, los criterios de madurez tecnológica, el régimen de propiedad intelectual y la existencia —o no— de compromisos de adquisición posteriores. También será relevante comprobar su compatibilidad con las normas de contratación pública, las reglas sobre ayudas de Estado y los programas estatales y europeos de defensa y seguridad.
La condición de industrializar en Galicia pretende retener en la comunidad autónoma el valor económico, el empleo y las capacidades productivas derivados de los proyectos. Sin embargo, ese requisito podría limitar la participación de compañías externas si no se articula mediante consorcios, transferencia tecnológica o acuerdos con empresas locales.
El objetivo de ampliar la base industrial
La Xunta pretendería elevar a más de un centenar el número de empresas gallegas relacionadas con la defensa y la seguridad, incorporando compañías procedentes de sectores como el metal, la automoción, la electrónica, el naval y el aeroespacial. Las previsiones disponibles apuntan asimismo a la creación de más de 500 empleos directos cualificados.
Estas magnitudes son objetivos políticos y no resultados ya conseguidos. Su materialización dependerá de que se publique la convocatoria, se presenten proyectos viables y se completen las fases de desarrollo, pruebas e industrialización. Para Galicia, la oportunidad estaría en conectar capacidades civiles ya existentes con necesidades de vigilancia, protección de infraestructuras, respuesta ante emergencias y operaciones no tripuladas.
El caso de Vig-Sec Drone
Entre las empresas vinculadas a esta iniciativa figura Vig-Sec Drone, que afirma haber desarrollado Suite ACRE, un sistema destinado a gestionar dinámicamente el espacio aéreo y coordinar drones con aeronaves tripuladas en escenarios de emergencia y defensa.
La afirmación de que la solución habría sido validada por el Ministerio de Defensa y de que la empresa habría sido seleccionada por la OTAN para participar en ejercicios multinacionales no ha podido contrastarse, en el material disponible, con comunicados oficiales, documentación contractual o fuentes independientes.
Tampoco está respaldada por una comparación independiente la afirmación del director ejecutivo de Vig-Sec Drone de que la compañía sería la única del mundo capaz de configurar el espacio aéreo en tiempo real. Esa consideración debe tratarse como una declaración empresarial no verificada, no como una posición acreditada sobre el estado del mercado.
La documentación oficial será decisiva
El siguiente paso para evaluar la dimensión del anuncio será localizar los pliegos y la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y en la plataforma de contratación pública. Esos documentos deberían precisar los requisitos para formar consorcios, los niveles de madurez exigidos, la financiación por fases y las condiciones de industrialización en la comunidad.
Hasta que esa documentación esté disponible, no es posible determinar si los 40 millones corresponden a una dotación presupuestaria aprobada, a un límite máximo de contratación o a una previsión de gasto. La información procede de una única fuente especializada y no ha podido contrastarse con documentación primaria.
