Una compra todavía pendiente de adjudicación
Según la información disponible, el procedimiento establecería el 2 de octubre como fecha límite para presentar ofertas y el 20 de octubre para la apertura de proposiciones. La adjudicación tendría en cuenta el precio, los plazos de entrega, la ergonomía, la funcionalidad, la operatividad y la precisión, junto con pruebas técnicas realizadas por especialistas del Servicio de Armamento.
El presupuesto máximo ascendería a 5,4 millones de euros, impuestos incluidos. Esa cifra y el número mínimo de armas apuntan a un precio de referencia que todavía no equivale al coste final del contrato: el importe definitivo dependerá de las ofertas recibidas y de la resolución de adjudicación. Tampoco se conocería aún el modelo ganador.
Requisitos orientados al servicio policial
El pliego exigiría armas de calibre 9×19 mm, aptas para usuarios diestros y zurdos, con una capacidad mínima de 14 cartuchos. También incluiría elementos de puntería con tritio, una corredera preparada para instalar una óptica, un raíl compatible con el estándar MIL-STD-1913, una funda antihurto y dos cargadores por pistola.
La especificación recogería además exigencias relativas a resistencia, precisión, seguridad, vida útil y funcionamiento en condiciones ambientales extremas. La preparación para ópticas y la incorporación de un raíl para accesorios reflejan una concepción compatible con distintas configuraciones operativas, pero no significan necesariamente que todas las unidades vayan a utilizar visores u otros complementos.
Hasta que concluya el procedimiento, estos requisitos describen la capacidad que busca la Administración, no las prestaciones de un arma ya seleccionada. La licitación deberá determinar si una única oferta satisface todas las condiciones y en qué condiciones económicas y de entrega.
Cinco años después de las pistolas Ramon
La nueva iniciativa se situaría aproximadamente cinco años después de la adquisición de 6.144 pistolas Ramon fabricadas por Emtan y suministradas a través de Guardian Homeland Security entre 2021 y 2022. La información disponible también señala que el Gobierno contabilizó 87 incidencias entre esas unidades en una respuesta parlamentaria de 2023.
La explicación atribuida al fabricante relacionó esas incidencias con un tipo concreto de munición correspondiente a una determinada anualidad. Ese dato introduce un antecedente relevante, pero no permite concluir que la futura compra sea consecuencia directa de aquellos problemas. Una nueva licitación puede responder a una ampliación de inventario, a necesidades de unidades concretas o a una sustitución parcial, entre otras posibilidades.
El expediente debería aclarar si las pistolas Ramon continuarán en servicio, si las nuevas armas cubrirán destinos específicos o si existe un plan de reemplazo más amplio. También sería necesario conocer si la decisión se apoya en una evaluación formal del rendimiento de las armas adquiridas anteriormente.
Qué falta por determinar
La publicación del concurso no implica por sí sola la retirada integral de las pistolas Ramon. El alcance real de la operación solo podrá establecerse cuando se conozcan el anuncio y los pliegos oficiales, la resolución de adjudicación y, en su caso, la documentación parlamentaria o los informes internos relacionados con las incidencias.
También quedan abiertos el modelo que resultará elegido, el precio efectivo, el calendario definitivo de entregas y el número final de pistolas contratadas. Mientras esas decisiones no se formalicen, la licitación representa una necesidad de adquisición planteada por la Guardia Civil, no la confirmación de una sustitución completa de su armamento corto.
La información procede de una única fuente especializada y no ha podido contrastarse de forma independiente.
