La posible ampliación del papel de las Fuerzas Armadas chilenas en seguridad pública no solo plantea una cuestión de capacidades, sino también de autoridad, misión y responsabilidad jurídica. Según Infodefensa, los altos mandos militares habrían trasladado al Ministerio de Defensa sus reservas ante un eventual empleo en labores policiales, alegando carencias de personal, presupuesto, preparación específica y normas adecuadas para operar en ese ámbito.
De acuerdo con esa información, el Gobierno chileno propone crear un estado de excepción constitucional por una «grave alteración de la seguridad». El mecanismo permitiría la participación militar en tareas de inteligencia, vigilancia y control territorial. La propuesta, siempre según Infodefensa, estaría generando controversia porque contemplaría que el personal de las Fuerzas Armadas quedara subordinado a un general de Carabineros.
El problema de las reglas de actuación
Uno de los principales obstáculos señalados por la fuente es que las Reglas del Uso de la Fuerza todavía no estarían aprobadas. Sin instrucciones operativas precisas, los militares podrían afrontar incertidumbre sobre los límites de su actuación, mientras que fiscales y tribunales tendrían posteriormente que valorar decisiones adoptadas en situaciones de seguridad pública.
La cuestión resulta especialmente relevante porque las funciones militares y policiales no son equivalentes. Las Fuerzas Armadas están orientadas principalmente a responder frente a amenazas organizadas y a proteger la defensa nacional. Las policías, en cambio, trabajan de forma cotidiana con la población, investigan delitos, practican detenciones y aplican una respuesta gradual de la fuerza bajo supervisión judicial.
Por ello, no es lo mismo emplear capacidades militares en vigilancia de infraestructuras, apoyo logístico o control de fronteras que desplegarlas en barrios urbanos contra la delincuencia común o el crimen organizado. El tipo de misión determina tanto la formación necesaria como la cadena de mando y las reglas que deben regir cada intervención.
Presión sobre un dispositivo ya desplegado
Infodefensa sostiene que las Fuerzas Armadas chilenas ya mantienen efectivos en la Macrozona Norte y la Macrozona Sur. Si esa situación se combina con nuevas tareas de seguridad interior, aumentaría la presión sobre el personal, el material y los recursos disponibles, según el planteamiento recogido por la publicación.
La misma fuente atribuye al excomandante en jefe del Ejército Javier Iturriaga y al excomandante en jefe de la Armada Juan Andrés De la Maza reparos expresados en febrero de 2024. Esas objeciones se habrían referido a la estructura de mando, al despliegue militar en barrios urbanos, a la disponibilidad de personal y a la necesidad de incrementar los recursos.
Las advertencias que Infodefensa atribuye a congresistas, expertos y fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas sobre un aumento significativo del riesgo de resultados letales en zonas urbanas no cuentan con confirmación independiente en el material disponible. Tampoco está respaldada aquí por documentos oficiales ni por declaraciones directas completas de los actuales mandos la afirmación de que exista una postura histórica y técnica generalizada contraria a asumir funciones policiales.
Un debate con implicaciones más amplias
El caso chileno ilustra el dilema que afrontan los gobiernos cuando recurren a las Fuerzas Armadas para cubrir déficits inmediatos de seguridad. El despliegue puede ampliar con rapidez la vigilancia y la presencia territorial, pero también puede trasladar a la institución militar responsabilidades para las que no fue diseñada y afectar su preparación para la misión principal de defensa.
Para España y otros países europeos, el debate ofrece un punto de comparación en torno al apoyo militar a las fuerzas policiales. La experiencia plantea preguntas que van más allá de la autorización política: quién ejerce el mando efectivo, qué reglas regulan el uso de la fuerza, qué formación reciben los efectivos y cómo se revisan sus actuaciones.
En consecuencia, la cuestión central no es únicamente si los militares pueden ser desplegados, sino bajo qué autoridad, con qué misión y con qué garantías jurídicas. Hasta que esos elementos estén definidos, cualquier ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública seguirá expuesta a dudas operativas, institucionales y legales.