La futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba habría entrado en una nueva fase con la adjudicación del contrato principal de sus infraestructuras logísticas y de mantenimiento. La operación, valorada en 278,52 millones de euros, se habría resuelto a favor de una unión temporal de empresas formada por Dragados, Heliopol y Magtel, con un plazo de ejecución de 36 meses y una baja del 12,5% respecto al presupuesto de licitación.
La adjudicación no ha podido verificarse de manera independiente con la documentación disponible. La información publicada hasta ahora no incorpora un enlace directo al expediente ni a la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que el dato debe considerarse todavía no confirmado.
Una primera fase dividida en dos lotes
El contrato correspondería a uno de los dos lotes de la primera fase de obras, licitada en diciembre de 2025. El segundo lote, dedicado a instalaciones administrativas y de servicios, permanecía pendiente de adjudicación definitiva en el momento al que se refiere la información disponible. Su asignación provisional se habría realizado a Ferrovial Construcción y Vías y Construcciones por 65,6 millones de euros.
El proyecto contempla una superficie aproximada de 85 hectáreas y 34 edificios principales. En ellos se concentrarían actividades relacionadas con el mantenimiento de sistemas de armas, el abastecimiento, el almacenamiento, la formación y las pruebas. La urbanización de los terrenos y el vallado perimetral ya se habrían ejecutado mediante un contrato de 27,7 millones de euros adjudicado a una UTE integrada por Sorigué y Setisur.
La base está concebida para reunir en Córdoba buena parte de la logística general del Ejército de Tierra. Las capacidades vinculadas al mantenimiento de helicópteros continuarían, de acuerdo con la información disponible, en Colmenar Viejo. Esa distribución apunta a una centralización parcial, no a la desaparición inmediata de todas las instalaciones logísticas actuales.
Más que una obra: una reorganización logística
La relevancia del proyecto no se limita al volumen de la inversión o al número de edificios. La BLET pretende modificar una organización actualmente repartida entre distintas instalaciones. En teoría, concentrar actividades puede reducir duplicidades, mejorar la disponibilidad de repuestos y facilitar una gestión común del mantenimiento y del abastecimiento.
El cambio también elevará la importancia de Córdoba como nodo operativo. Sus conexiones de transporte, la protección de sus sistemas digitales y la continuidad de sus servicios serán factores determinantes para que la centralización no genere un punto único de vulnerabilidad. Durante la transición, el Ejército tendrá que mantener capacidades en sus emplazamientos actuales mientras las nuevas instalaciones se construyen, equipan y certifican.
El proyecto se vincula al concepto Ejército 2035 y prevé apoyarse en automatización, inteligencia artificial, big data, robótica, logística predictiva y un gemelo digital. Estas tecnologías pueden mejorar la previsión de necesidades y el seguimiento del material, pero sus resultados dependerán de la calidad de los datos, la compatibilidad entre sistemas y la madurez de los procesos de mantenimiento. La incorporación de herramientas digitales, por sí sola, no garantiza una mejora operativa.
Empleo e impacto industrial
La información disponible recoge dos previsiones distintas sobre el empleo directo asociado a la base. Las estimaciones iniciales de Defensa apuntaban a alrededor de 1.700 puestos, mientras que una cifra posterior atribuida a EFE situaba el impacto en unos 1.500 empleos. No está aclarado si la diferencia responde a una actualización del proyecto, a criterios de cómputo distintos o a una revisión de las previsiones.
Córdoba podría beneficiarse también de un polo industrial y tecnológico ligado a la base y a su polígono asociado. Sin embargo, el impacto a largo plazo dependerá de que ese entorno atraiga contratos, proveedores y capacidades sostenibles, y no solo actividad temporal vinculada a la construcción.
Por ahora, la principal cautela no afecta únicamente a los plazos de ejecución o al coste final, sino a la propia confirmación documental de la adjudicación anunciada. La información procede de una única fuente especializada y no ha podido contrastarse con documentación primaria.
