La posición del Ministerio de Defensa sobre la futura planta de SAIC Motor en Ferrol habría cambiado o, al menos, se habría definido en términos favorables. Según publica Infodefensa, el departamento dirigido por Margarita Robles habría comunicado a la Xunta de Galicia que no prevé oponerse a la instalación y estaría preparando un nuevo informe favorable al proyecto.
La misma información atribuye a Robles el traslado de esa posición al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. No obstante, con la documentación disponible no puede determinarse qué objeciones se plantearon inicialmente, qué organismo militar las formuló ni si se han producido cambios concretos en el proyecto que expliquen la nueva postura.
Un proyecto industrial junto a instalaciones estratégicas
La planta se ubicaría, siempre según Infodefensa, en una parcela de aproximadamente 70.000 metros cuadrados que anteriormente ocupaba Amper. El calendario contemplaría obtener los permisos a finales de 2026, comenzar la construcción en 2027 y alcanzar una producción aproximada de 120.000 vehículos al año desde 2028.
El emplazamiento es especialmente sensible por su proximidad al Arsenal de Ferrol y a las instalaciones de Navantia, donde se construyen las fragatas F-110 de la Armada. Estos buques incorporan sistemas de origen estadounidense, entre ellos el sistema de combate Aegis, lo que añade una dimensión de seguridad al análisis de cualquier actividad industrial cercana.
La preocupación potencial no depende únicamente de que el inversor sea chino. En emplazamientos próximos a instalaciones militares suelen examinarse también la protección de información sensible, la ciberseguridad, la posible recopilación de señales o imágenes y el control de accesos. La presencia de una empresa china junto a una base militar, por sí sola, no demuestra que exista una amenaza ni implica que la fábrica vaya a tener acceso a información clasificada.
La importancia del informe pendiente
La cuestión clave será conocer el contenido del nuevo informe de Defensa y las condiciones operativas que, según la información publicada, podría incorporar dentro de las competencias del ministerio. Esas condiciones podrían ser determinantes para saber cómo se compatibilizaría la actividad de la planta con la protección de las instalaciones militares cercanas.
También conviene separar los distintos trámites administrativos. Una autorización urbanística o industrial no equivale necesariamente a una evaluación de seguridad nacional: son procedimientos diferentes y pueden concluir con una autorización acompañada de restricciones o medidas específicas.
Por ahora, todos los detalles disponibles proceden de una única publicación. Por tanto, la ausencia de una oposición prevista por Defensa debe entenderse como una posición atribuida al ministerio por Infodefensa, no como un hecho confirmado mediante documentación oficial difundida públicamente. Hasta que se conozca el informe, tampoco puede establecerse qué controles, limitaciones o garantías acompañarían al proyecto.
